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Autodeterminación: la verdadera y la falsa

en Cataluña/Cultura política/España por
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El lamentable espectáculo público al que venimos asistiendo estos días (¡y lo que nos queda!) nos lleva a reflexionar sobre conceptos fundamentales, como la autodeterminación, cuyo significado nos parecía hasta hace poco inequívoco. Asistimos a fenómenos si no totalmente inexplicables al menos completamente inusuales. El pasado 8 de octubre, en Barcelona, casi un millón de pagadores de impuestos vino a reclamar a quienes los administran y viven de ellos no que renunciasen a sus privilegios, sino que, por favor, se quedara todo como está.

Éstos, como es bien sabido, se hallan embarcados en un proceso (el “prusés”) solo comparable en incógnitas al viaje de Colón (del que, como ahora, lo único que se sabía seguro al comenzar es que estaba financiado con fondos públicos), y sobre cuyas motivaciones (¿sentimentales?, ¿económicas?,…) posiblemente ya ni sus propios promotores están seguros. La clave del asunto está en la autodeterminación, concepto que, pensábamos, se refería a la capacidad de decidir por uno mismo. La RAE precisa que estas decisiones pueden darse en un plano personal o bien en referencia a una colectividad política.

La autodeterminación personal

Desde el punto de vista personal, aunque atisbando ya la dimensión social del concepto, la clave está en el punto a partir del cual nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos limita, condiciona o imposibilita la de los demás. Determinar esos límites por un consenso al que se llega mediante amable discusión y acuerdo afectuoso con los amados vecinos y conciudadanos resulta harto improbable.

En realidad, la única fuerza interior que puede ejercer esa función limitativa con cierta efectividad es nuestra conciencia, esa suerte de Pepito Grillo vestido de guardia civil. Pero el ejercicio recto de esa conciencia suele implicar la negación de la voluntad. Si entendemos esta última, como suele suceder hoy en día, como un designio legítimo e irrefrenable del individuo, obviando la multiplicidad de corrientes vitales, no siempre sanas y a veces incluso contradictorias, que fluyen en torno al mismo, cualquier represión de la voluntad, incluida la interna que ejerce la conciencia, nos resulta completamente intolerable.

Es obvio que los seres humanos de hoy en día han desoído, si alguna vez supieron de ellos, los consejos de Fiódor Dostoyevski y sus advertencias sobre el carácter ambivalente de la libertad cuando ésta es considerada como una mera ausencia de trabas (morales, legales,..) para las veleidades de la voluntad humana. Dicho de otro modo, es falsa y engañosa la autodeterminación que se ejerce exclusivamente hacia los demás, eliminando simplemente los obstáculos que éstos pudieran poner para el ejercicio de la propia voluntad.

La dimensión ética de la persona le lleva a un plano en el que la verdadera autodeterminación se ejerce, en primer lugar y ante todo, frente a uno mismo y las actitudes objetivamente egoístas que en su interior pudieran generarse y que, de ser aplicadas por la mayoría, harían imposible la vida en comunidad.

El elemento moral de nuestro albedrío, mediante los mecanismos que concebimos como leyes naturales, permite que nos dirijamos hacia el bien común solo cuando no anteponemos nuestro propio bien al de los demás. Es decir, nuestra libertad es constructiva cuando se ejerce para el bien y no como una libertad absoluta.

La autodeterminación colectiva

En el plano colectivo, el ejercicio de la autodeterminación tampoco es un absoluto, y presenta características y limitaciones similares a las del punto de vista individual.

Como dijo Mario Vargas Llosa el pasado domingo, las pasiones colectivas pueden ser positivas cuando se aplican a buenas causas, pero también terribles, y la historia está cargada de ejemplos, cuando no es así. Dejando a un lado las dificultades para definir el sujeto de la autodeterminación, el objeto de la voluntad colectiva puede ser desde la creación de una entidad política a la conquista de un territorio considerado, de una u otra manera, como propio. Todos ellos aluden a una épica salpicada de visiones históricas, desde la Segunda Guerra Mundial a la caída de la URSS, pasando por la descolonización y la Guerra de los Balcanes.

En todo caso, el colectivo, que no tiene substancia propia sino que es tan solo una representación abstracta e intencionada de la voluntad de las personas que lo componen, se emplea para imponerse a otros colectivos y en última instancia, levantando el velo dialéctico, a personas concretas de carne, hueso y alma.

Es precisamente este elemento, el de la interacción entre la autodeterminación colectiva y la personal, el que resulta de mayor interés a la hora de intentar explicarnos lo que está sucediendo. Nos hemos acostumbrado, en Cataluña y en el resto de España, a un modelo de Estado, el de las autonomías, que se caracteriza por un fuerte control de los partidos sobre unas administraciones que a su vez ejercen un elevado nivel de intervención pública en la vida de los ciudadanos. Estas características, al igual que otras como la forma de elección de cargos en los niveles superiores del poder judicial, no se derivan directamente del texto constitucional de 1978, sino de una interpretación “generosa” (entendiendo que, para ciertas cosas, todo lo que no está previsto está permitido) del mismo en su desarrollo, con la aquiescencia (por acción u omisión) de los partidos políticos, que, podríamos decir, concibieron el ejercicio del poder del modo y al estilo que se suele caracterizar gráficamente como “reparto del pastel”.

Los gastos de la administración pública, con sus distintos niveles a veces contradictorios, como vemos estos días al observar estupefactos distintos cuerpos de policía actuando de forma opuesta, suponen la mitad de la actividad económica. Pero el problema no es solo el peso cuantitativo, sino ante todo la manera de gestionar, caracterizada por un fuerte dirigismo respecto a la vida de la gente en cada región, que se plasma en multitud de planes y programas tan costosos como innecesarios.

Algunos piensan que existe subsidiariedad por el simple hecho de que ciertos gastos se deciden a nivel regional. Pero la verdadera subsidiariedad solo se daría si las personas y familias fueran capaces de tomar las decisiones últimas respecto de asuntos como, por ejemplo, la educación de sus hijos. Si estas decisiones son tomadas con arbitrariedad por otra persona, aunque sea en nombre de unos ideales bienintencionados, el hecho de que esta persona se halle a diez mil, quinientos o cinco kilómetros de distancia no supone ninguna diferencia en relación a la total ausencia de subsidiariedad. Y sin esa subsidiariedad no se puedan dar las condiciones para una verdadera autodeterminación.

El tipo de autodeterminación que hay detrás de nuestro Estado de las autonomías es del tipo en el que unos deciden lo que otros deben hacer.

El tipo de autodeterminación que hay detrás de nuestro Estado de las autonomías y sus derivados, del tipo que sean en el futuro, es aquel en el que unas personas determinan arbitrariamente lo que otras deben hacer. Por eso su aspiración es diferenciarse cada vez más y gestionar cada vez más recursos, que es la manera de intervenir y determinar cada vez más la vida y el futuro de las personas. En este sentido, se trata de una falsa autodeterminación, pues anula las posibilidades de decisión de las personas, sobre las que radica, individual o colectivamente, la verdadera.

El caso catalán es un ejemplo claro. Se trata de una rebelión prodigiosa, pues se produce desde el poder. Asistimos a una revolución de arriba abajo, alimentada desde el sistema educativo, las subvenciones y la televisión pública. De modo que han tenido que ser, como decíamos al principio, los pagadores de impuestos, administrados ascendidos a ciudadanos por la ley de procedimiento administrativo, los que han tenido que salir a la calle para reivindicar su pretensión de vivir tranquilos, es decir, para reclamar su derecho a la verdadera autodeterminación.

Licenciado en CC. Económicas por la Universidad de Alicante y estudiante del Máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. Trabaja como economista en la Administración Pública.

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