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Una aproximación al caso de “La Manada”

En Asuntos sociales/Cultura política por
Tiempo de lectura: 10 minutos

La protesta contra la sentencia judicial del caso de La Manada ha puesto sobre el tapete la cuestión de cómo está organizado el poder en nuestra sociedad, el sentido de las instituciones y, en fin, su papel de mediadoras, de filtros a través de los cuales facilitar la toma de decisiones.

El poder está dividido en nuestra sociedad. Más allá de la separación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tal división implica una gran complejidad legal y procedimental a la hora de producir decisiones que nos obliguen a todos. Vivimos en sistemas garantistas donde los procedimientos, las diferentes capas normativas y jerárquicas de las instancias mediadoras entre la sociedad y la decisión finalmente adoptada, ocupan un lugar fundamental. Esta primacía de las formas obedece, en un Estado de derecho como el nuestro, al propósito de preservar, de la mejor y más eficaz manera posible, los derechos de todos. Los procedimientos, aunque parezcan abstrusos e intrincados e inspiren una desconfianza kafkiana, fragmentan los procesos decisorios en numerosos pasos a fin de inocular, en el camino a la verdad, una prudencia escéptica respecto de que un interés, una perspectiva o un grupo determinado pueda saltarse ese camino e imponer al resto de intereses, perspectivas y grupos su particular punto de vista.

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No debemos pensar que el culto de las formas sea una elección arbitraria que no hace sino retrasar o falsear el acceso a la verdad. Más bien, deberíamos reparar en cómo semejante culto constituye el método institucional menos malo y más idóneo a la hora de impedir la hegemonía pública de la verdad que postula un determinado sector de la opinión. La separación de poderes, en sentido amplio, cumpliría el papel de un freno o contrapeso mediante el cual evitar el riesgo de tal hegemonía. Es decir, que la misma termine prevaleciendo sobre los procedimientos, se salte estos amparada en la incontestable verdad que representa y la mayoría social que la apoya y anule el método institucional de toma de decisiones propio de una sociedad abierta, de una democracia pluralista.

El carácter políticamente problemático de la verdad

La verdad constituye un asunto problemático desde el punto de vista político. Me refiero a esas convicciones inasequibles al desaliento mantenidas por sectores minoritarios o mayoritarios que aspiran a que dichas convicciones sean el faro del ejercicio del poder por parte del gobierno, los diputados y los jueces. Por fijar una fecha aproximada, cabría señalar que el carácter políticamente problemático de la verdad se remonta, en el mundo occidental, a las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII. Entonces, se pudo comprobar cómo los europeos eran capaces de matarse entre ellos por su particular entendimiento de la correcta y auténtica interpretación del cristianismo. La lección a largo plazo que se terminó extrayendo de este hecho perturbador fue doble: por una parte, el Estado habría de configurarse como un poder soberano neutral que garantizase el pluralismo religioso; por otra, la libertad, y no la verdad, habría de ser el principio definidor del espacio público. Ambas conclusiones políticas de las guerras religiosas se hallan en los orígenes de nuestros actuales Estados de derecho, cuya marca diferenciadora, el culto de las formas, es resultado de una inteligencia institucional sustentada en la evidencia histórica del carácter políticamente problemático de la verdad en la modernidad.

Posiblemente, el desafío intelectual más extremo que se nos puede plantear a los ciudadanos de una democracia como la nuestra sea el de llegar a aceptar que, aunque la verdad sea una, y me refiero a casos tan concretos como el de La Manada, el poder está dividido. Con ello, quiero decir que vivimos dentro de un sistema político y jurídico que somete, hasta a las verdades más evidentes, a un proceso de deconstrucción procedimental, que aplica la misma  plantilla garantista tanto a lo socialmente esclarecido como a aquellos asuntos de los que la sociedad espera que la justicia arroje la luz que le falta. La protesta contra la sentencia del caso de La Manada abre una escisión en el corazón mismo del Estado de derecho porque plantea un hecho intelectual catastrófico para la seguridad jurídica. Tal hecho podría enunciarse crudamente así: en casos en los cuales la sociedad esté esclarecida y no dude de la verdad, esa perspectiva social indubitable sobre, por ejemplo, quién es la víctima y quién el culpable debe irrumpir con la fuerza manifiesta de la verdad en el castillo del poder y reorientar este, dejando en suspenso su configuración formal y normativa, hacia una decisión transparente, directa y expeditiva que reproduzca fiel y completamente el criterio de la opinión pública. En tales momentos de hegemonía de una determinada perspectiva sobre la verdad, cuando esta ha dejado de ser algo problemático y ha recuperado la esencia inmarcesible de su unidad, el camino al reconocimiento de dicha verdad ha de verse libre de obstáculos procedimentales e implementarse de manera automática, como la simple corroboración por parte de las autoridades de lo que la opinión pública tiene meridianamente claro.

Lo que ha prejuzgado la opinión pública, ¿por qué debería juzgarlo un juez?

Entonces, ¿dejamos las reglas seguras y los resultados inciertos inherentes al culto de las formas para aquellos asuntos sobre los cuales la sociedad carezca de una voz única y esclarecida y obviamos los procedimientos, con toda su insufrible, jerarquizada y ceremonial incertidumbre, en aquellos asuntos donde la sociedad ya haya juzgado y su decisión resulte clara e incontrovertible? Lo que ha prejuzgado la opinión pública, ¿por qué debería juzgarlo un juez? Y, en el fondo, ¿a quién se debe un juez, al criterio esclarecido de la sociedad sobre un asunto determinado o al insulso y poco movilizador mecanismo procesal, a la verdad o a los procedimientos? Pues hemos llegado a un punto en el cual esta parece ser la elección, con lo que ella implica de sospecha y descrédito para nuestras instituciones. Que, no conviene olvidarlo, se articulan sobre los procedimientos no para eludir la verdad, sino para garantizar los derechos de todos. Lo que significa que el culto de las formas tiene por fin evitar que una verdad en concreto, por muy social y políticamente respaldada que se encuentre y por muy clara e incontrovertible que resulte, se adueñe de las instituciones y convierta a éstas en correas de transmisión de su hegemonía.

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O asumimos el Estado de derecho, su seguridad formal y su incertidumbre sustancial, en todos los casos, sean más o menos oscuros para la opinión pública, o cambiamos de sistema y restablecemos la unidad premoderna, anterior a las guerras religiosas, entre el poder y la verdad. Tal unidad, en las condiciones pluralistas en que estamos históricamente instalados, solo puede significar una cosa: que la hegemonía social conquistada por una particular visión del mundo haga del poder su monopolio ideológico en cuanto instrumento de realización política y jurídica de tal hegemonía. Esto podrá ser justo y legítimo pues, si algo es verdadero, si algo resulta indubitable, ¿por qué amoldarse al intrincado e incierto camino de la división procedimental de la verdad y no dar un salto desde la salida hasta la meta eludiendo todas las trabas legales con el objetivo de que la verdad llegue a la meta entera y a salvo? Siendo la verdad una, el poder también debe ser uno y todos los que lo ejercen, ministros, diputados y jueces, han de remar en la misma dirección, sin descanso ni tedio, con decidido entusiasmo, con pleno convencimiento. Dejando a un lado sus escrúpulos formales y legalistas como residuos de un mundo oscuro en el que la verdad no se hallaba socialmente esclarecida.

 Creyentes versus instituciones

No creo que quepa minusvalorar, ni mirar con distanciada suficiencia el deseo de creer en algo que experimenta mucha gente. Una de las consecuencias de vivir en Estados de derecho herederos de las guerras religiosas y en sociedades libres y pluralistas es esa pátina de escéptico relativismo con que, muchos, juzgamos las cosas. Pero hay otros que buscan creer y…terminan creyendo, para los cuales la verdad es una y el poder, la lógica del poder dividido, nunca debe impregnar y adueñarse de lo que, en su esencia, es unitario. Esta tensión ha sido explicitada con una fuerza inaudita por el caso de La Manada, que podríamos entender como un conflicto entre creyentes e instituciones. ¿Qué se puede decir desde las instituciones a los creyentes, desde el mundo de las formas al de la fe? Y más cuando esta fe en quién es la víctima y quién el culpable se sustancia en hechos e indicios que poseen un carácter difícilmente refutable. Hablar de un mínimo de prudencia a la hora de prejuzgar algo sobre lo que los jueces tienen más información, conocimiento y pericia profesional no parece que cale en la opinión pública, ni ayude a enfriar los ánimos. Defender los procedimientos, el camino legal preestablecido para juzgar tanto lo oscuro como lo evidente, suena a un elegante acto de evasión para no coger el toro por los cuernos y hacer lo único que cabe hacer. Señalar la cólera y la ira de la multitud colérica y airada, y muchas de sus inaceptables salidas de tono (“uno de ellos es guardia civil”), como estrategia mediante la que deslegitimar su protesta no repara en el fondo de verdad que late tras la misma. Incluso aducir argumentos de seguridad jurídica y respeto institucional a fin de nombrar un bien superior al esgrimido por la opinión pública, puede parecer contradictorio respecto del sentido último de las leyes y las instituciones, que es garantizar los derechos de todos y, sobre todo y fundamentalmente, los de las víctimas.

¿Cabe defender un sistema como el nuestro que puede llegar a producir decisiones tan aparentemente opuestas a la verdad y la justicia?

Ante tal avalancha de argumentos en contra del poder dividido y a favor de que la verdad se abra paso sin mediaciones institucionales entorpecedoras, ante tal convicción social mayoritaria de lo que sucedió en aquel “cubículo” pamplonés, ante, en fin, el sentimiento popular sobre la verdad y la justicia de un caso particular, tan contrariado por una sentencia que ha sido descalificada con una rabia y desesperación pocas veces vistas, ¿cabe defender un sistema como el nuestro que puede llegar a producir decisiones tan aparentemente opuestas a la verdad y la justicia? Sí, se nos dirá, porque existe la posibilidad de recurrir. Pero el problema para el creyente, para su mentalidad, no es ya que exista o no esa posibilidad, sino el cómo manejar la incertidumbre que genera la toma de decisiones en un Estado de derecho. Un poder dividido implica, en general, vivir bajo un régimen de normas seguras y resultados inciertos, desde unas elecciones hasta una sentencia judicial. Y tal régimen, para los convencidos de una verdad, resulta problemático porque impide tener certidumbre política y judicial sobre el destino público de sus convicciones.

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Quien mata un mal libro mata la verdad misma: el problema de las sentencias indignas e indignantes

La experiencia histórica de las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII no acabó con el deseo de creer de mucha gente, ni nos convirtió a todos en una ciudadanía constituida por individuos escépticos, prudentes y moderados. Al Estado de derecho, al menos en nuestro país, le falta una base social coherente con sus postulados formalistas. Si algo es cierto, piensan bastantes personas, y los procedimientos bloquean su reconocimiento, sobrevolemos los procedimientos e implementemos la verdad directamente, sin agentes mediadores que ralentizan dicha implementación o falsean y tergiversan la verdad de los hechos.

La duda formal que las mareas populares dejan suspendida en el aire es si el convencimiento público y mayoritario sobre un asunto en el que no cabe controversia posible debe tener siempre la última palabra. Al fin y al cabo, el poder dividido sería una respuesta institucional a la convicción moral que impulsa a tales mareas, una manera de dejar una puerta abierta al voto contrario de quien disiente de ellas, un medio ya no solo de garantizar los derechos de todos, incluso del disidente, sino, por prudencia, de arrojar un rayo escéptico sobre una verdad tan aplastantemente sentida. Y, aunque quien disienta tenga todas las trazas de ser poco honorable y sospechoso, aunque sobre él se ciernan todas las invectivas de los creyentes persuadidos de su nefasta y autoritaria catadura moral, debe preservarse semejante respuesta institucional a las mareas populares porque hasta un juez merecedor del escarnio público no es solo que tenga derecho a disentir con su voto particular, sino que puede estar deslizando una apreciación válida que haya que ponderar entre la inmundicia verbal de dicho voto.

Probablemente, la verdad sea una y un poder dividido no constituya la mejor receta para su reinado.

John Milton decía que quien mata, con la censura, un mal libro mata la verdad misma. Probablemente, la verdad sea una y un poder dividido no constituya la mejor receta para su reinado. Pero, paradójicamente, si el poder no se divide y se acaba destruyendo el culto de las formas, terminaremos matando la verdad. Esa mala verdad que tenemos la obligación de oír, aunque no nos guste, porque, si dejamos de tener la posibilidad de oírla, nuestra verdad, la buena, estará definitivamente muerta al no existir ningún procedimiento de contraste con la misma y facilitarse, con ello, su asunción dogmática y apriorística. Lo que implica que la verdadera utilidad del Estado de derecho no radica en adjurar del carácter único de la verdad, sino en conjugar tal unicidad con la incertidumbre de su materialización política y jurídica al envolver la verdad con la red de un poder dividido y un sistema de garantías procesales. Que es el método institucional en virtud del cual nos aproximamos públicamente a la verdad en sociedades abiertas y democracias pluralistas como las nuestras. Aquella incertidumbre sería el imprescindible resto escéptico que la mente de un creyente debe asumir si no quiere convertir su pregonada verdad en una caza de brujas cuyo triunfo termine matando de éxito a la propia verdad que defiende. Por increíble que parezca, el Estado de derecho, tan imbuido como está de precaución respecto de la imperfeta naturaleza humana, respecto de los entusiasmos y apasionamientos humanos, es una entidad pensada, más que para que gobierne la razón, para que los cargados de razones no gobiernen demasiado. Y no tanto por escepticismo ante la verdad como por prudencia ante lo que un hombre prevalecido de su verdad puede llegar a permitirse. Posibilidad que, en caso de darse, siempre tendrá peores y más perturbadores efectos que el voto particular de un juez recurrible ante instancias superiores.

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Imagen de portada correspondiente a las manifestaciones del pasado jueves en la Plaza de Sol (EFE)

Luis Gonzalo Díez (Madrid, 1972) se dedica a la enseñanza y a emborronar más páginas de las debidas. Sus gustos y aficiones son tan convencionales y anodinos que mejor no hablar de ellos. Le interesa, más que la política, el pensamiento político. Y ha encontrado en la literatura el placer de un largo y ensimismado paseo a ninguna parte. Ha publicado "Anatomía del intelectual reaccionario" (2007), "La barbarie de la virtud" (2014) y "El viaje de la impaciencia" (2018).

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